Mucho se ha discutido sobre el criterio de corrección de las sentencias y si es posible determinar cuándo éstas son "ajustadas a derecho". Este debate pocas veces ha salido de los especialistas en teoría y filosofía del derecho. No obstante, se aprecia en los últimos tiempos un rebrote en el interés por la cuestión judicial desde otras perspectivas y áreas temáticas. Por lo demás, el tema se ha instalado en la agenda pública desde hace un tiempo, lo cual anima a retomarlo.
El problema fundamental de la función judicial es la pregunta sobre por qué, ante una misma norma jurídica y el mismo hecho, pueden dictarse sentencias distintas. El juez puede, en cada sentencia, aportar su propia subjetividad, sus ideas políticas y su ideología, y argumentar que eso es lo que el derecho manda. Esta es una de las razones por la que la ley adquiere un "contenido nuevo" en cada sentencia: porque siempre es posible que el juez maneje los textos según sus propias valoraciones.
Obviamente, un juez nunca hace expresas sus motivaciones políticas; puede, en todo caso, ligar su juicio a algún "principio inmutable" inherente a la naturaleza de las cosas.
Sin embargo, debe señalarse que los jueces pueden también, en base a sus sentencias, facilitar el desarrollo social y ampliar la democracia. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, es una buena prueba de ello.
¿Qué dice la literatura jurídica acerca de la función judicial? ¿Qué permite que un juez pueda aportar sus concepciones políticas e ideológicas en las decisiones judiciales? Esta matriz política tal vez no pueda erradicarse, pero ¿cómo es posible manejar ese contenido político para que las decisiones judiciales se reconduzcan a la protección de intereses democráticos y no sean los jueces frenos para el desarrollo social?
El abogado Gerardo Tripolone ensaya posibles respuestas a estos interrogantes.